Mapeo de la legislación colaborativa en España.

Abstract

El concepto y la perspectiva sobre el Gobierno Abierto son definitivas para establecer los campos de debate con la ciudadanía. Desde un principio quedó afianzada la idea de la necesidad de abrir a la ciudadanía una gestión pública con frecuencia opaca (Chapman y Hunt, 1987), pero la evolución de las prácticas y los logros ciudadanos han ido ampliando el concepto a otros ámbitos de su ejercicio. El derecho a la información, previo al desarrollo del concepto Gobierno Abierto como tal, se consolida con el tiempo como el derecho de acceso a los datos y la protección de los mismos. Una perspectiva desde la cual se puede conocer el desempeño del gobierno y ejercer el control. Sandoval-Almazán (2015: 50) utiliza el modelo sistémico de análisis político de David Easton (1953) (basado en cinco componentes: las entradas, las salidas, el medio ambiente, la retroalimentación y la caja negra) para explicar la acción del Gobierno Abierto. Las “entradas” de información se transforman en la “caja negra” de la burocracia que genera “salidas” y que vuelven al sistema por “retroalimentación” en un “medioambiente” que es un sistema político. El problema se registra cuando la información se convierte en propiedad del sistema en la “caja negra” que impide la supervisión ciudadana hasta la salida: “el objetivo central del gobierno abierto es ‘abrir’ la información, liberar los datos dentro del sistema y dentro del flujo de información al interior del sistema e incluso de la caja negra”. Las posibilidades tecnológicas y las demandas ciudadanas han marcado la evolución del concepto y de las políticas. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) comenzó defendiendo la administración pública, transparente y receptiva, para evolucionar, pocos años después, hacia su gestión sobre una plataforma como un modelo de gestión en el que se decide la relación con la ciudadanía para resolver problemas colectivos y co-crear valor público (OCDE, 2017). Se recoge así la progresiva tendencia a la mayor apertura del concepto y a fórmulas de gestión que buscan fortalecer la participación de la ciudadanía. Calderón y Lorenzo (2010) definen el Gobierno Abierto de una forma más actual, como aquel que plantea la necesidad del debate constante con la ciudadanía, para la detección de necesidades y problemas humanos y colectivos, y con un enfoque colaborativo de comunicación abierta y transparente. El concepto recupera su actualidad con el impulso que las entidades institucionales y económicas buscan para mejorar la gobernabilidad, reducir la burocracia y modernizar las administraciones públicas a través de la apertura, participación, colaboración y transparencia (OCDE, 2010). Son valores que coinciden con los del software libre y la web 2.0 (O’Reilly, 2005), que promueven la participación, colaboración y coproducción de la información, y que han influido para obtener nuevas formas de poder distribuido con el que reforzar la capacidad institucional de la toma de decisiones, la gestión, la evaluación de políticas, su implementación y su desarrollo.